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Aragón y su Historia

Las Cortes de Ejea de 1265

Las Cortes de Ejea de 1265

Por Miguel Martínez Tomey, Fundación Gaspar Torrente

Domingo, 26 de abril de 1265. Iglesia de Santa María de la Corona, en el castillo de Ejea de los Caballeros. Rodeado de un nutrido grupo de hombres, un rey de Aragón llamado Jaime (el primero de ese nombre en su linaje), con su mano puesta sobre los Santos Evangelios que sostiene el obispo de Zaragoza, Arnaldo de Peralta, jura por sí y sus sucesores los acuerdos que en los días previos todos ellos han estado discutiendo y negociando. Seis acuerdos que, con ese acto solemne, pasaban a formularse como fueros de Aragón, poniendo fin a la rebelión que desde el año anterior se había desatado contra su autoridad por parte de la nobleza del Reino de Aragón. Fueron los seis primeros pactos forales sobre los que se construyó el peculiar y precursor -en muchos importantes aspectos- sistema político-constitucional aragonés. Y entre ellos, uno de sus puntales más decisivos: la institución del Justicia de Aragón.

Jaime I había querido romper con el pasado. Romper con el sometimiento a las presiones y manejos de la nobleza, que había hecho de él durante su juventud un títere político en función de sus propios intereses y bandos. Y nada mejor para ello que impedir que Mallorca y, sobre todo, Valencia, se convirtiesen en la prolongación del poderío de los ricos hombres. Reinos nuevos, leyes nuevas, contrapoderes nuevos (aliándose con las ciudades frente a los señoríos rurales, con burgueses y comerciantes frente a la nobleza militar). Aragón, por decisión de Jaime I, completó sus límites sin que se le permitiese llegar al mar con el que tanto habían soñado los aragoneses.


    Romper con la unidad político-territorial de la Corona: a los nuevos reinos creados se les añadió la partición de jurisdicciones entre Aragón y Cataluña. Ya no harían masa común y podría ser atribuída su gobernación a cada uno de sus hijos (especialmente los que fue teniendo con su segunda esposa, Violante de Hungría), como consecuencia de diversos decretos de división que se iniciaron con la "heredación" de 1243. La nueva arquitectura de lo que en nuestros días se nos antoja como una “Corona confederal" quedó plenamente establecida bajo su mano, pero su escasa consideración por la voluntad de los habitantes de cada territorio en la delineación de las fronteras interiores provocó pleitos que no se cerraron hasta 25 años después de su muerte, con el resultado de unos límites fronterizos prácticamente inalterados que hemos heredado hasta nuestros días.


    Romper con la implicación aragonesa en el sur de la Galia, abandonando a su suerte a los príncipes de Occitania frente al afán de dominación del rey de Francia y firmando con él, en 1258, el tratado de Corbeil por el que Aragón renunciaba a toda intromisión al norte de los Pirineos y Francia a Cataluña, que en su día dominaron los reyes carolingios. Las energías que la Corona de Aragón proyectaba quedaban exclusivamente orientadas hacia el espacio de conquista que Jaime priorizó: el sur y el Mediterráneo.
    Romper, por último, con la teoría del poder que había regido hasta entonces en Aragón. Como hacían los demás reyes de Occidente, Jaime quiso fortalecer la tradición del derecho romano frente a los fueros indígenas, aspirando a ser el supremo (si no exclusivo) legislador, el César redivivo, titular único de la soberanía de la que emanan los poderes del Estado, la administración de justicia, la ley y las decisiones ejecutivas de mayor importancia.


    Jaime encontró en Cataluña un terreno más propicio para llevar a cabo su obra, con una clase mercantil y burguesa de mayor entidad y una nobleza más posibilista con respecto a los beneficios que podría reportar el nuevo estilo de liderazgo que encarnaba el rey. Además la tradición del derecho romano había permanecido más inalterada que en Aragón, posiblemente debido a la mayor apertura de los condados catalanes hacia otros territorios del antiguo Imperio Romano.
    Fue, por tanto, en Aragón donde el rey encontró la más enconada oposición y a su calor surgió un fuerte sentimiento nacionalista (siquiera en un sentido medieval) alrededor del cual se agrupó no solo la mayor parte de la nobleza aragonesa, sino también gradualmente las demás fuerzas vivas del país.


    Tras el descontento por la no incorporación de Valencia al Reino de Aragón (1238) y, acabada la conquista de este territorio, Jaime convoca cortes en Huesca en 1247 con la finalidad de inaugurar una nueva era para Aragón. Su propósito se contiene en el decreto con el que se valida lo allí acordado, el cambio del modelo institucional aragonés: "acabada la conquista, incorporados los territorios orientales hasta el mar, damos por terminado el tiempo de las armas y procede atender ahora al tiempo de paz, para lo cual en primer lugar, dirigimos nuestra acción hacia los Fueros de Aragón". Así se inició la "compilación drechurera" que el rey encomienda al romanista Vidal de Canellas. “Drechurera” se remite a “derecho”, entendido éste como “derecho romano”. Por lo tanto, una compilación hecha de tal forma que fuese aproximando los fueros, normas de tradición indígena vigentes hasta entonces, a las fórmulas heredadas del derecho común en los territorios sometidos al poder de los césares. El trabajo realizado por Canellas resultó ser de gran calidad técnica pero no gustó a los líderes de la sociedad aragonesa precisamente por eso: por apartarse de un modelo de formación de la ley dominado por la costumbre y acercarse a otro en el que la tradición romana y el peso del rey como legislador estaban llamados a imponerse.


    Sucesivas versiones alternativas y más apegadas a la tradición indígena acabarían prevaleciendo sobre la propuesta inicial de Jaime y de Vidal, tras una pugna de voluntades que duraría al menos medio siglo, marcando fuertemente para la posteridad la personalidad jurídica de los aragoneses con respecto a otros Estados de Europa. Pero esa pugna realmente se desarrollaba a la sombra y a expensas de otra mucho más visible que se fue manifestando en esa segunda mitad del siglo XIII en el plano político y constitucional. Diversos episodios fueron jalonando el devenir de esas tensiones, pero fue la rebelión de 1264 y su solución pactada en las Cortes de Ejea lo que determinó los primeros cambios constitucionales de gran trascendencia para Aragón, en un proceso que no terminaría de culminar y consolidarse definitivamente hasta las Cortes de Zaragoza de 1348.


    Si dejamos en un segundo plano las intrigas, sucesos y hechos de armas previos a la reunión de Ejea aparece ante nuestros ojos un fascinante debate político surgido la indignación de los ricos hombres (la alta nobleza del reino, constituida por una docena de familias que arrastraban a sus redes clientelares) con respecto a la política del rey. Un debate liderado por la nobleza, pero en la que ésta no es realmente la única concernida. Y es que, a pesar de su aparente ausencia del relato de los episodios previos a las Cortes de Ejea, ya se adivina en el debate, en las motivaciones y actitudes del rey y de los ricos hombres, el peso que estaban adquiriendo nuevos actores en la vida social, económica y, por lo tanto, política del reino: la baja nobleza (caballeros e infanzones) y las universidades (ciudades, villas y comunidades de aldeas). A estos habría que añadir el omnipresente estamento eclesiástico, poder preexistente a todos ellos y siempre tan celoso de sus prerrogativas. Estos cuatro grupos de interés acabarían por constituir los brazos políticos dentro de la nueva configuración que las cortes aragonesas estaban empezando a adoptar en aquellos años.

El estamento de la baja nobleza cristaliza definitivamente entre los siglos XII y XIII. Buscando escapar de las pesadas cargas de la servidumbre señorial en los territorios al norte del Ebro (sobre todo en la montaña pirenaica) y aprovechando las posibilidades legales que ofrecían los fueros a partir del de Jaca (1063), un número llamativamente     creciente de individuos que se consideraban a sí mismos como hombres libres y, por lo tanto, pertenecientes a la nobleza, estaban consiguiendo el reconocimiento de ese estatus a través de un proceso judicial denominado de "salva de infanzonía". Incluso poblaciones enteras (la propia Ejea acabó añadiendo a su nombre el apelativo "de los Caballeros" por considerarse así la mayor parte de sus habitantes) estaban consiguiendo acceder a dicho estamento. Esta situación trajo consigo una relativa suavización de las condiciones de los siervos en los señoríos pirenaicos que, debido a las limitaciones de la orografía y la menor densidad de población en comparación con las nuevas tierras conquistadas en la tierra llana, cada vez contribuían menos a las rentas de los señores laicos y eclesiásticos. Éstos, por otro lado, comenzaban a tener problemas en su economía. De ahí que la decisión del rey de no incorporar Valencia al Reino de Aragón, limitando con ello la ansiada extensión de sus prerrogativas y de sus dominios territoriales al nuevo país conquistado irritase tanto a la nobleza aragonesa y la predispusiese a la confrontación con el monarca.


    Otra importante transformación se estaba produciendo en los centros urbanos. Muchos de ellos habían sido asignados tras su conquista a la autoridad de un señor laico o eclesiástico, o a una orden militar. Sin embargo, el paulatino desarrollo de las actividades mercantiles y artesanales y la aparición de una pujante clase burguesa adinerada con interés en superar las limitaciones y cargas señoriales, dispuesta a tomar las riendas del gobierno ciudadano, estaba modificando claramente el paisaje del poder urbano. El rey Jaime se apoyó en este patriciado para ir desplazando a los señores con los que rivalizaba, obteniendo tanto recursos económicos –de los que tan necesitado estuvo siempre- mediante la introducción de tasas e impuestos en estas ciudades, como su apoyo político frente al estamento nobiliar. El rey introdujo normas para controlar la elección de los cargos concejiles, aunque con el tiempo los poderes urbanos también buscarían liberarse de la intromisión regia en el gobierno ciudadano y actuar de la forma más libre y autónoma posible, incluso contra las pretensiones del monarca si fuese necesario.
    El debate político que llevaba aparejada la rebelión de 1264, y que se sustanció en las fracasadas convocatorias de cortes de Calatayud y Huesca (en enero y febrero de 1265, respectivamente) y la definitiva y más concluyente de Ejea (en abril y mayo), se centró fundamentalmente en seis temas sobre los que el rey y los nobles aragoneses discutieron con vehemencia:

 

Jaime I y las huestes de Aragón entran en la ciudad de Valencia (pinturas del castillo de Alcañiz, s. XIV)



1. El territorio aragonés: los nobles reclamaban que Valencia debía ser aragonesa y sus tierras repartirse entre aragoneses; también acusaban al rey de haber legislado sin su concurso al darle fueros a Valencia sin contar con su concurso. El rey contestó que en la conquista no solo participaron aragoneses y que fue su decisión hacer de este territorio un reino nuevo de su corona, separado de Aragón, por lo que no estaba obligado a contar con ellos para legislar. En cuanto a Ribagorza, se reclamaba su aragonesidad, que el rey vulneraba no solo adscribiéndola a Cataluña sino ignorando la aplicación de muchos de los fueros de Aragón en este territorio según su conveniencia. La política de hechos consumados acabaría consolidando la independencia de Valencia mientras que Ribagorza sería objeto todavía de pleitos y disputas que quedarían finalmente zanjados 35 años después, cuando en 1300 Jaime II reconoció la pertenencia a Aragón de este condado en las Cortes de Zaragoza, rechazando en 1305 una propuesta de las Cortes de Barcelona en sentido contrario.

 

2. La potestad legislativa: los nobles acusaban al rey de legislar sin contar con el concurso de su corte (compuesta entonces fundamentalmente por la nobleza, aunque también incorporaba a los representantes de la Iglesia y otras fuerzas relevantes en la vida del reino). Los nobles exigieron la declaración de nulidad de los fueros unilateralmente aprobados. El rey adujo en todo momento que no siempre podía esperar a reunir a toda la corte para adoptar decisiones necesarias y que siempre consultaba con aquellos nobles que le acompañaban. Se deduce de esta reclamación un rechazo de la parte más “drechurera” de la compilación foral de 1247, así como una demanda ya formulada en 1260 para que hubiese una convocatoria anual de cortes en Zaragoza para el día de la Santa Cruz (3 de mayo). A pesar de las seguridades aportadas por el rey con respecto a esta cuestión, no fue hasta la firma del Privilegio General de Aragón por Pedro III en 1283 cuando la potestad legislativa conjunta del rey con los cuatro brazos de las Cortes de Aragón adquirió carta de naturaleza constitucional.


3. La Justicia: decisiva materia en la que los nobles pedían al rey que no juzgase los pleitos entre ellos y que terminase con su costumbre de juzgar él sus causas o de hacerlo a través de un justicia (juez) aplicando, además, normas distintas al fuero, esto es: cánones (derecho romano), decretos reales y su libre albedrío, por lo que pedían la revocación de los juicios así celebrados hasta entonces. La respuesta del rey fue contundente: quien juzga es él, así como los jueces por él nombrados y que cuando han llegado causas a su corte él las ha juzgado con el consejo de los ricos hombres, con exclusión de aquellos que fuesen parte interesada, aplicando los fueros de Aragón y, en caso de laguna foral, aplicando la equidad y la razón natural. Rechazaba la acusación de que estaba asesorándose con expertos en derecho romano diciendo que si los tenía a su lado era porque los necesitaba para las causas que afectaban a los otros territorios de su Corona en los que no se aplicaban los fueros aragoneses. Sin embargo, acepta una interesante transacción: nombrar un justicia o juez medio que juzgase los pleitos entre el rey y los ricos hombres, caballeros e infanzones, con asesoramiento de los ricos hombres que se hallen en la corte siempre que no sean parte interesada, así como en todas las demás causas que surjan entre los miembros de la nobleza del mismo modo. Es el fuero quinto de Ejea, el que dió origen a la institución que, por su inédita relevancia constitucional como defensor y máximo intérprete de la foralidad, ha pasado a la Historia como un precedente de los tribunales de garantías constitucionales propios de los actuales sistemas democráticos. Este fuero se completó con el décimo, en el que el rey aceptaba -por reconocerlo como costumbre del país- nombrar a dicho Justicia de Aragón entre caballeros e infanzones (o sea, miembros de la baja nobleza), con consejo de los ricos hombres (alta nobleza). En palabras de Ángel Canellas:
Naturalmente, esta concesión supuso tener como justicia a persona más aficionada al derecho tradicional de la tierra que al nuevo derecho, el romano. En 1266 tuvo ya competencia como juez de primera instancia entre particulares y de la apelación de los jueces locales.


    La última frase apunta a la rápida evolución que experimentaría esta institución a partir del momento de su creación y durante las décadas siguientes hacia la extensión de su jurisdicción garantista a toda la población aragonesa, con excepción de la minoría que vivía bajo la potestad absoluta de los señores laicos.


4. Los greuges particulares: los desencuentros entre el rey y la nobleza habían dado lugar a la presentación en Ejea de numerosos agravios o quejas para las cuales las cortes, además de su papel como parlamento legislativo, también actuaban como tribunal de justicia. El énfasis de sus miembros en hacer valer el principio de que el rey administra justicia aconsejado por los convocados a su corte, a las cortes, hizo de éstas, como asamblea en la que estaban representados los grupos de poder del país, el tribunal más cualificado de todos. En Ejea se consolidó de manera definitiva y para lo sucesivo, en la forma y en el fondo, esta potestad de la institución.


5. Los impuestos: aunque fue la reclamación de dos impuestos (el bovaje y el herbaje) la chispa que encendió la rebelión de los nobles en 1264, es uno de los asuntos que quedó más insatisfactoriamente resuelto en Ejea. El apaciguamiento se logró acordando eximir a los nobles de estos impuestos y limitándolos a quienes ya lo viniesen pagando desde antes, fundamentalmente el estamento eclesiástico y las universidades. Una solución del mismo estilo se arbitró para el impuesto sobre la venta de la sal de las salinas. Sin embargo, el aumento de la presión fiscal que se produjo para subvenir a los fuertes gastos militares en los que incurrió Pedro III, y los problemas que ello causaba a quienes los pagaban o eran requeridos a hacerlo, supusieron la fijación del principio de que el rey no podía exigir ningún impuesto nuevo o aumentar la carga fiscal de los existentes sin acuerdo de las Cortes de Aragón (y los acuerdos en este parlamento se tomaban por unanimidad). Fue esta, pues, una cuestión fundamental que dejó sin resolver la asamblea de Ejea hasta que el Privilegio General de 1283 impuso esta limitación a la voracidad fiscal de la monarquía.


6. El papel de la nobleza: las demandas nobiliares fueron el detonante de todo este debate y, sin embargo, las de menor trascendencia constitucional, a la luz de los desarrollos posteriores. Efectivamente, en las Cortes de Ejea se tomaron decisiones de gran relevancia política para el conjunto de la sociedad aragonesa pero, por su carácter más de clase, restringido a los intereses de una nobleza militar en crisis, no podemos incluir entre ellas las medidas sobre el estátus de los nobles pactadas tras las arduas negociaciones mantenidas entre el rey y los ricos hombres. En ese catálogo de ventajas particulares se encuentran las referidas a la conservación de sus "honores" (jurisdicciones otorgadas por el monarca a los nobles sobre tierras y gentes), el alcance de las obligaciones militares (servicio de hueste) de los nobles para con el rey, la adquisición de tierras, los privilegios de la nobleza, etc. Sin embargo, cabe atribuir a este grupo de asuntos un interés por contraste: se trata del tipo de reivindicaciones de clase sozial que darían lugar, tras la firma del Privilegio General, al mantenimiento de un estado de rebelión permanente, latente unas veces, declarada otras, entre la alta nobleza aragonesa y el rey, y que conseguiría arrancar al monarca aragonés en el llamado Privilegio de la Unión (1287). A diferencia de la Unión de 1283 que desembocó en el constitucionalmente trascendental Privilegio General, y en el que estaban implicados todos los estamentos sociales del reino, las sucesivas uniones se limitaron a moverse fundamentalmente en el plano de las exigencias y ambiciones de la nobleza, por lo que no gozaron de la amplitud de consenso de la primera. Así, cuando la Unión fue definitivamente derrotada por Pedro IV en la batalla de Épila (1348), en las Cortes celebradas inmediatamente después en el convento de Predicadores de Zaragoza, el rey ceremonioso destruyó con su puñal y quemó el Privilegio de la Unión y, al mismo tiempo, confirmó para la posteridad el Privilegio General de Aragón, que se incorporó desde entonces a las sucesivas ediciones de los Fueros como parte del ordenamiento aragonés.


En definitiva, un apasionante y trascendental debate cuyas consecuencias se han dejado sentir a lo largo de los siglos hasta hoy, y no solo en la vida de las aragonesas y aragoneses sino también de todos los pueblos que viven en un sistema democrático y de garantías.
En 2015 se conmemora el 750 aniversario de las Cortes de Ejea y del nacimiento de la institución del Justicia de Aragón. Esperemos que personas e instituciones sean capaces de aprovechar esta efeméride para, permitiéndoles conocer mucho mejor estos hechos de su pasado, ayudar a la ciudadanía aragonesa a comprender debidamente su presente y a encarar más esperanzadoramente su futuro.

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