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El IVA de Caja de la Ley de Emprendores

El IVA de Caja de la Ley de Emprendores

La aprobada Ley de Emprendedores fue agilizada con el objetivo de que, vía emprendimiento,  se genere una importante corriente de autoempleo que mitigue el impacto con las que las altas cifras de paro inciden en las economías domésticas y en última instancia en la economía nacional. Una de las medidas que incluye esta Ley es la implantación y aplicación del IVA de caja que debería haber entrado en vigor desde el pasado 1 de enero. Finalmente el Gobierno decidió ampliar hasta el 31 de marzo el plazo para poderse acoger debido a  la necesidad de un análisis más detallado de su contenido y de la discusión suscitada en el seno de las organizaciones y asociaciones empresariales que defienden los intereses de este colectivo.

Pero qué es, en qué consiste dicha medida?. Se trata de un nuevo modelo de tributación para este impuesto, ideado para pymes y autónomos que facturen un cantidad inferior a los dos millones de euros al año. Una medida que permite que los pequeños empresarios liquiden y en su caso abonen el IVA una vez cobradas las facturas que hayan emitido. Hasta aquí todo correcto, todo hace pensar que es una medida facilitadora que viene a aliviar la presión que los múltiples pagos ejercen en un colectivo muy castigado por un alto índice de morosidad, irregularidad en la producción y unos escasos márgenes de beneficio con el objeto de ser competitivos.

Entrando en detalle a analizar el contenido y prescripciones para enterarnos y saber aplicar el IVA de caja, nos encontramos con un listado de obstáculos y objeciones que cuestionan seriamente su utilidad y sobre todo el carácter facilitador que le daba sentido en origen y que hacía pensar que esta medida podría resultar interesante para la supervivencia de tantos pequeños negocios y empresas. De entrada dentro del colectivo de trabajadores por cuenta propia no pueden acogerse a ella aquellos que tributan a través del sistema de módulos y por lo tanto solo se beneficiarían de sus ventajas aquellos que lo hacen por estimación directa.

Otros pocos, privilegiados quizás, que pueden llegar a facturar sus servicios a grandes empresas y para los que sí resultaría interesante la medida, se encuentran con otro importante obstáculo; sus clientes, la Administración y esas grandes empresas cuyos plazos de pago puede rondar entre los 90 y los 150 días, no estarían dispuestos a modificar sus sistemas contables y financieros para poder trabajar con proveedores acogidos a este nuevo sistema, les supondría una molestia gratuita tener que violentar su régimen que de entrada les permite realizar la declaración trimestral de IVA aunque no hayan abonado sus facturas. El autónomo ante la perspectiva de perder un cliente de este perfil optará por no acogerse a la medida y no podrá como pequeño empresario beneficiarse de sus ventajas.

Como avanzaba al principio del artículo, el plazo para acogerse expira el próximo 31 de marzo. Las cifras objetivas nos darán la información absoluta y necesaria para valorar si la solución apuntada, esta medida paliativa, era una brillante idea o la consecuencia de improvisar  respuestas y tendidas de mano a un colectivo dedicado a sectores muy concretos y que demandan el apoyo y las ayudas de la Administración como cualquier otro colectivo pero desde la seguridad de sentirse parte de la solución a la situación económica actual.

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