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Una reforma antilaboral

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El 19F ha sido un éxito de movilización de los sindicatos y del conjunto de la sociedad. Pero habrá que sostener la presión para intentar detener el golpe que se nos ha venido encima. Los del Gobierno venían avisando, es verdad, incluso anunciaron en Bruselas que la reforma laboral sería "extremadamente agresiva". Pero hasta que no leímos el BOE no supimos medir la profundidad de la agresión que implicaba el nuevo decretazo: hoy podemos decir que nos hallamos ante el mayor recorte de derechos laborales en los últimos cuarenta años: abarata el despido, reduce los salarios, precariza el empleo, subvierte la contratación indefinida con periodos de prueba ¡de un año! Y, por supuesto, no impulsará la creación de empleo que debería perseguirse.
Se trata de una reforma nacida de la mentira y la manipulación. No solo prometieron en campaña, por activa y por pasiva, que bajarían impuestos, para subirlos en su primera semana de gobierno, sino que rechazaron la reforma laboral del PSOE precisamente por abaratar el despido y ahora siguen esa misma senda pero con más gravedad. La propia Soraya Sáenz de Santamaría, nº 2 de Rajoy, proclamó el 23 de junio de 2010: "Lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación". Ya lo vemos, ya.
La reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP es una reforma inútil, injusta y, en muchos casos, no solo negativa para los trabajadores, sino para el conjunto de la sociedad. Es una reforma antilaboral, que no creará empleo, sino que aumentará la destrucción de puestos de trabajo (acercándonos a la fatídica cifra de seis millones de parados a fin de año), porque la reforma incentiva los despidos, que serán más fáciles (por decisión unilateral del empresario y por ampliación de los supuestos) y más baratos (33 días por año trabajado y en muchos casos 20, en lugar de 45 como hasta ahora).
Es una reforma antisocial, que persigue una rebaja general de los salarios de los trabajadores o de los que buscan trabajo. Los empresarios podrán hacerlo de forma unilateral y discrecional.
Especialmente precariza la contratación de los jóvenes, a través del nuevo contrato (presuntamente) "indefinido" con periodo de prueba de un año, en el que se podrá despedir sin causa ni indemnización. Y además tiene efectos retroactivos, y afecta a los que tienen un contrato vigente (reduciendo la indemnización por despido, por ejemplo).
Es una reforma que aboca a las mujeres a contratos a tiempo parcial. Incrementa los obstáculos para la conciliación de la vida personal y la laboral de todas las personas, pero especialmente de las mujeres, porque la reforma facilita que las empresas unilateralmente introduzcan cambios en las condiciones de trabajo (horarios, jornada).
También es una reforma que recorta competencias autonómicas, al eliminar la autorización de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por la autoridad laboral (la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma). La desaparición del control previo y de la autorización administrativa comportará un incentivo a las estrategias de deslocalización de los centros de trabajo de las grandes multinacionales que, sin intervención sindical ni de los poderes públicos, tendrán más fácil deslocalizar las empresas a otros países. Una pérdida de competencias en favor del mercado y de las empresarios y, encima, con el aplauso del Gobierno PP-PAR en Aragón.
Pero es que además es un sacrificio inútil, que no nos ayudará a superar la crisis. Con más gente en el paro y con sueldos más bajos en general, continuará cayendo el consumo y, por tanto, el desplome de la actividad económica. Esta reforma de hecho provocará más dificultades para la recuperación económica. La creacion de empleo de calidad y la reactivación económica solo vendrá de un cambio de modelo productivo y de una reforma fiscal justa. Y eso el PP ni se lo plantea.
Esta reforma solo persigue que se despida barato al padre y que se le sustituya contratando al hijo en precario y sin derechos. Así es, en pocas palabras, la cruda reforma laboral que, vista la correlación de fuerzas en las Cortes Generales, nos tememos que aun pueda empeorar durante su tramitación como proyecto de ley. Salvo que las movilizaciones sindicales y sociales, huelga general incluida, obliguen al Gobierno a rectificar. Que nadie se quede en casa. No nos rindamos sin pelear antes por nuestros derechos, que tantos años de lucha nos costó conseguir.

 

 

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